La ley contra el odio busca que la gente no reclame

El anteproyecto presentado a la ANC por el jefe de Estado es un retroceso en materia progresividad de los derechos

“Ha llegado la hora de superar las campañas de odio, intolerancia, violencia, persecución. Ha llegado la hora de a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, intolerancia, en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente. Iniciemos una gran campaña contra el odio”, manifestó el Presidente de la República Nicolás Maduro.

Si bien nadie puede estar de acuerdo con la palabra odio, mucho menos que dentro una sociedad se incite a odiar a otro por su forma de pensar, también es cierto que existe suficiente legislación para en Venezuela para que, quien lo haga, sea castigado en su justa proporcionalidad.

El abogado penalista y profesor universitario Joel García, aseguró a Notiminuto que este anteproyecto de ley es un retroceso en materia de derechos humanos, porque lo que busca el ejecutivo con esta normativa es que el ciudadano no reclame u objete el mal desempeño de los funcionarios públicos.

“Escuche que habían penas entre 10, 15 y 25 años, eso atenta contra la proporcionalidad”, dijo García.

Indicó que existen dentro del Código Penal, artículos que hacen referencias a sanciones por difamación e injuria y las penas no son las planteadas por el Presidente de la República. “Cuando una persona se siente moralmente ofendida puede demandar por algunos de estos delitos y si quiere resarcir los daños económicamente tiene la opción civil. Con esto buscar poder ir a un restaurant, a un supermercado y que la gente no les reproche la mala conducta que hayan tenido en la administración pública”, afirmó Joel García, quien formara parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.

El jurista aseveró que este tipo de leyes punitivas han sido eliminadas en legislaciones de muchos países porque atenta contra la progresividad de los derechos humanos.

El profesor de la Universidad Santa María manifestó que los denominados delitos de conciencia son muy subjetivos y es por ello que solo son sancionados en regímenes autoritarios. “Cómo un juez valora eso, es que a caso va a haber un odiometro, cual es la conducta a evaluar”.

En el artículo 442 del Código Penal está establecido el delito de difamación:

“Quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de uno a tres años y multa de 1000 unidades tributarias”.

Según Joel García en Venezuela existe una descodificación penal, a razón de que cualquier cosa que el gobierno nacional imagina o diseña lo convierten en ley y de tipo penal. “Las leyes no solucionan los problemas, sino, las conductas humanas. Si ellos no quieren que se les reproche nada que hagan bien su trabajo”.

El penalista agrego que, someter a una persona a 25 años de prisión por supuestos delitos de odio es violatorio de los derechos humanos, pero además no tiene sentido, cuando en Venezuela la pena por homicidio es de 30 años, cuando el crimen es “horrendo”.

 

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